TEMA
8 La coacción administrativa. El principio de autotutela
ejecutiva. La ejecución forzosa de los actos administrativos: sus medios y
principios de utilización. La coacción administrativa directa. La vía de hecho
1. LA
CoACCión AdministrAtivA. eL prinCipio de AutotuteLA ejeCutivA
1 1. INTRODUCCIÓN
Artículo 57 de la Ley 30/1992:
1. Los actos de las Administraciones
Públicas sujetos al Derecho Administrativo se presumirán válidos y producirán
efectos desde la fecha en que se dicten, salvo que en ellos se disponga otra
cosa.
2. La eficacia quedará demorada cuando
así lo exija el contenido del acto, o esté supeditada a su notificación,
publicación o aprobación superior.
3. Excepcionalmente podrá otorgarse
eficacia retroactiva a los actos cuando se dicten en sustitución de actos
anulados, y, asimismo, cuando produzcan efectos favorables al interesado,
siempre que los supuestos de hecho necesarios existieran ya en la fecha a que
se retrotraiga la eficacia del acto y ésta no lesione derechos o intereses
legítimos de otras personas.
1 2. LA EJECUTIVIDAD
La eficacia de los actos administrativos
parte de la presunción de validez de todo acto (correspondiendo al particular
interesado demostrar lo contrario) y le otorga plenos efectos.
Es la ejecutividad del acto
administrativo, en virtud de la cual cuando éste se dicte puede y deber ser llevado
a la práctica.
La ejecutoriedad, ejecución forzosa o
acción de oficio (que en cualquiera de estas formas es llamada), está regulada
en los artículos 93 a 101; la Administración lleva a la práctica el acto
administrativo cuando el particular obligado a ello no lo hace voluntariamente.
El artículo 93 parte de una necesaria
cautela en favor de los particulares, al disponer que «las Administraciones
Públicas no iniciarán ninguna actuación material de ejecución de resoluciones
que limite derechos de los particulares sin que previamente haya sido adoptada
la decisión que le sirva de fundamento jurídico», y que «el órgano que ordene
un acto de ejecución material de resoluciones estará obligado a notificar al
particular interesado la resolución que autorice la actuación administrativa».
El artículo 94 recalca que «los actos
de las Administraciones Públicas sujetos al Derecho Administrativo serán
inmediatamente ejecutivos, salvo lo previsto en los artículos 111 (que trata de
la suspensión) y 138 (que supedita la ejecutividad de las resoluciones recaídas
en el procedimiento sancionador a que pongan fin a la vía administrativa), y en
aquellos casos en que una disposición establezca lo contrario o necesiten
aprobación o autorización superior».
Y el artículo 95 señala que «las
Administraciones Públicas, a través de sus órganos competentes en cada caso,
podrán proceder, previo apercibimiento, a la ejecución forzosa de los actos
administrativos, salvo en los supuestos en que se suspenda la ejecución de
acuerdo con la ley, o cuando la Constitución o la ley exijan la intervención de
los Tribunales».
La ejecutoriedad de los actos
administrativos no se puede ver enturbiada por la interposición de interdictos
contra las actuaciones de los órganos administrativos realizadas en materia de
su competencia y de acuerdo con el procedimiento legalmente establecido, al
prohibirlo el artículo 101 (No se admitirán a trámite interdictos contra las
actuaciones de los órganos administrativos realizadas en materia de su
competencia y de acuerdo con el procedimiento legalmente establecido).
2. LA
ejeCuCión forzosA de Los ACtos AdministrAtivo: sus medios y prinCipios de
utiLizACión
2.1. INTRODUCCIÓN
Conforme al artículo 96, la ejecución
forzosa por las Administraciones Públicas se efectuará, respetando siempre el
principio de proporcionalidad, por los siguientes medios:
a)
Apremio sobre el patrimonio.
b)
Ejecución subsidiaria.
c)
Multa coercitiva.
d)
Compulsión sobre las personas
Si fueran varios los medios de
ejecución admisibles se elegirá el menos restrictivo de la libertad individual.
Si fuese necesario entrar en el
domicilio del afectado, las Administraciones Públicas deberán obtener el
consentimiento del mismo o, en su defecto, la oportuna autorización judicial.
2.2. APREMIO SOBRE EL PATRIMONIO
Es el medio utilizado por la
Administración para el cobro de las cantidades líquidas adeudadas a la misma
que voluntariamente no han sido abonadas por los obligados a ello.
Se utiliza, fundamentalmente, en
materia tributaria o fiscal, sin perjuicio de que la Administración pueda
recurrir a este medio siempre que esté pendiente de pago una liquidación que
derive de un acto administrativo (por ejemplo, las multas), sin que pueda usarlo
cuando se trate de una deuda de carácter no administrativo (por ejemplo, la que
derive de una actuación de la misma como persona de Derecho Privado).
El artículo 97 dispone que:
1. Si en virtud de acto administrativo
hubiera de satisfacerse cantidad líquida se seguirá el procedimiento previsto
en las normas reguladoras del procedimiento recaudatorio en vía ejecutiva.
2. En cualquier caso no podrá
imponerse a los administrados una obligación pecuniaria que no estuviese
establecida con arreglo a una norma de rango legal.
.
2.3. EJECUCIÓN SUBSIDIARIA
Artículo 98:
1. Habrá lugar a la ejecución
subsidiaria cuando se trate de actos que por no ser personalísimos puedan ser
realizados por sujeto distinto del obligado.
2. En este caso, las Administraciones
Públicas realizarán el acto, por sí o a través de las personas que determinen,
a costa del obligado.
3. El importe de los gastos, daños y
perjuicios se exigirá conforme a lo dispuesto en el artículo anterior (es
decir, por la vía de apremio sobre el patrimonio, si el particular no los
satisface voluntariamente).
4. Dicho importe podrá liquidarse de
forma provisional y realizarse antes de la ejecución, a reserva de la
liquidación definitiva.
Este medio de ejecución forzosa suele
utilizarse cuando la Administración conmina a un administrado a realizar una
conducta, que puede hacerse por cualquier otro y no necesaria ni personalmente
por el interesado (por ejemplo, vallar un solar de su propiedad que presenta
síntomas de abandono o se ha convertido en un vertedero incontrolado de
residuos sólidos urbanos) y el obligado a ello no lo hace, en cuyo caso la
Administración, bien a través de sus propios obreros, bien contratando esta
obra con un tercero, la realiza, girándole, acto seguido (salvo que lo haya
hecho cautelarmente), la liquidación del importe de la misma al obligado, y, si
no lo abona, ejerciendo la vía de apremio para percibirlo.
2.4. MULTA COERCITIVA
Artículo 99:
1. Cuando así lo autoricen las leyes,
y en la forma y cuantía que éstas determinen, las Administraciones Públicas
pueden, para la ejecución de determinados actos, imponer multas coercitivas, reiteradas por
lapsos de tiempo que sean suficientes para cumplir lo ordenado, en los
siguientes supuestos:
a) Actos personalísimos en que no
proceda la compulsión directa sobre la persona del obligado (por ejemplo, si
una Ley previa lo permitiera, cuando la Administración contrata con un pintor
afamado la realización de un cuadro, negándose, después, a cumplir este
encargo, en cuyo caso no procede emplear la compulsión directa sobre la persona
para que proceda a pintarlo, por puros motivos de oportunidad y de buen
resultado del trabajo).
b) Actos en que, procediendo la
compulsión, la Administración no la estimara conveniente.
c) Actos cuya ejecución pueda el
obligado encargar a otra persona (como, por ejemplo, la retirada de vallas y
otros elementos publicitarios de los aledaños de las carreteras).
2. La multa coercitiva es
independiente de las sanciones que puedan imponerse con tal carácter y compatible
con ellas (pudiéndose hacer efectiva, también, por vía de apremio, si el
particular no la abona voluntariamente).
2.5. COMPULSIÓN SOBRE LAS PERSONAS
Artículo 100:
1. Los actos administrativos que
impongan una obligación personalísima de no hacer o soportar (por ejemplo,
someterse a una vacunación general obligatoria impuesta por la Administración
sanitaria, ante una epidemia) podrán ser ejecutados por compulsión directa
sobre las personas en los casos en que la Ley expresamente lo autorice, y dentro
siempre del respeto debido a su dignidad y a los derechos reconocidos en la
Constitución.
2. Si, tratándose de obligaciones
personalísimas de hacer, no se realizase la prestación, el obligado deberá
resarcir los daños y perjuicios a cuya liquidación y cobro se procederá en vía
administrativa.
3.
LA CoACCión AdministrAtivA direCtA. LA víA de HeCHo
El acto administrativo:
a)
Es una declaración de voluntad (por lo que queda excluida la actividad de la
Administración de carácter puramente material), de deseo, de conocimiento o de
juicio.
b)
Para que el acto sea administrativo, ha de proceder de un sujeto de la
Administración, que debe tener, por otro lado, la necesaria competencia para
dictarlo (artículo 53), siendo la incompetencia un motivo de impugnación.
c)
Ha de proceder del ejercicio de una potestad administrativa, con lo que quedan
excluidos los actos que proceden de la Administración cuando actúa como persona
jurídica de Derecho Privado o en virtud de facultades legislativas delegadas,
así como, también, los actos de gobierno y las ejecuciones materiales.
Al hablar de que la Administración
obra en el ejercicio de una potestad administrativa, se quiere expresar que
actúa dotada de las prerrogativas y privilegios que, en razón del interés
público que debe perseguir en toda su actuación, le reconoce el ordenamiento
jurídico.
En virtud de la ejecutividad y de la
ejecutoriedad del acto administrativo, cuando un acto se dicte puede y deber
ser llevado a la práctica, pudiendo la Administración llevar a la práctica el
acto administrativo cuando el particular obligado a ello no lo hace
voluntariamente, a cuyos efectos el artículo 93 parte de una necesaria cautela
en favor de los particulares, al disponer que «las Administraciones Públicas no
iniciarán ninguna actuación material de ejecución de resoluciones que limite
derechos de los particulares sin que previamente haya sido adoptada la decisión
que le sirva de fundamento jurídico», y que «el órgano que ordene un acto de
ejecución material de resoluciones estará obligado a notificar al particular
interesado la resolución que autorice la actuación administrativa».
Se trata de impedir la coacción
administrativa directa, es decir, la actuación de la Administración a través de
la cual intervenga coactivamente en la esfera privada de los ciudadanos sin
soporte legal que la ampare, sin que previamente se haya dictado el
correspondiente acto administrativo, siguiendo los cauces competenciales y
procedimentales establecidos en garantía del ciudadano.
De hacerlo al margen de estas
cautelas, la Administración incurriría en la vía de hecho, esto es, en
una actuación material sin fundamento legal alguno.
Por ello, como excepción al principio
de ejecutividad, el artículo 101 dispone que “no se admitirán interdictos
contra las actuaciones de los órganos administrativos realizadas en materia de
su competencia y de acuerdo con el procedimiento legalmente establecido”, lo
que significa que, en el supuesto de que la Administración actúe por la vía de
hecho, podrá ser objeto de interdictos con los que se pueda paralizar de
inmediato en sede judicial su actuación.
El artículo 25 2 de la Ley 29/1998, de
13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa señala
que “también es admisible el recurso contra la inactividad de la Administración
y contra sus actuaciones materiales que constituyan vía de hecho, en los
términos establecidos en esta Ley”.
El artículo 30 de dicha ley dispone
que “en caso de vía de hecho, el interesado podrá formular requerimiento a la
Administración actuante, intimando su cesación. Si dicha intimación no hubiere
sido formulada o no fuere atendida dentro de los diez días siguientes a la presentación del
requerimiento, podrá deducir directamente recurso contencioso-administrativo”.
Si el recurso tiene por objeto una
actuación material constitutiva de vía de hecho, el demandante podrá pretender
que se declare contraria a Derecho, que se ordene el cese de dicha actuación y
que se adopten, en su caso, las demás medidas previstas en el artículo 31 2
(según el cual “también podrá pretender el reconocimiento de una situación
jurídica individualizada y la adopción de las medidas adecuadas para el pleno
restablecimiento de la misma, entre ellas la indemnización de los daños y
perjuicios, cuando proceda” (artículo 32).
En cuanto a la interposición del
recurso contencioso-administrativo en este supuesto, señala el artículo 46 3
que “si el recurso contencioso-administrativo se dirigiera contra una actuación
en vía de hecho, el plazo para interponer el recurso será de diez días a contar desde
el día siguiente a la terminación del plazo establecido en el artículo 30. Si
no hubiere requerimiento, el plazo será de veinte días desde el día en que se inició la
actuación administrativa en vía de hecho”.
El artículo 51 3 dispone que “cuando
se impugne una actuación material constitutiva de vía de hecho, el Juzgado o
Sala podrá también inadmitir el recurso si fuera evidente que la actuación
administrativa se ha producido dentro de la competencia y en conformidad con
las reglas del procedimiento legalmente establecido”. Con esta previsión legal,
se viene a definir la vía de hecho, en sentido contrario: actuación material de
la Administración fuera del ejercicio de sus competencias y sin seguir las
reglas del procedimiento legalmente establecido”.
Al tratar del procedimiento para la
protección de los derechos fundamentales de la persona, el artículo 115 1 dice
que “el plazo para interponer este recurso será de diez días, que se computarán, según los
casos, desde el día siguiente al de notificación del acto, publicación de la
disposición impugnada, requerimiento para el cese de la vía de hecho, o
transcurso del plazo fijado para la resolución, sin más trámites. Cuando la
lesión del derecho fundamental tuviera su origen en la inactividad
administrativa, o se hubiera interpuesto potestativamente un recurso
administrativo, o, tratándose de una actuación en vía de hecho, no se hubiera
formulado requerimiento, el plazo de diez días se iniciará transcurridos veinte días desde la
reclamación, la presentación del recurso o el inicio de la actuación
administrativa en vía de hecho, respectivamente”.
Ante todo darte las gracias por la labor altruista que has desarrollado colgando aquí estos temas, que nos dan la posibilidad de contar con material actualizado para poder estudiar. Quería pedirte que si tienes el resto de temas los colgaras aquí. De no poder ser te estoy igualmente agradecido por todo lo que has hecho.
ResponderEliminarSaludos,
José Ramón.
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